Consecuencias de la disminución del PEF Cultura 2016 para estados y municipios

Carlos J. Villaseñor Anaya
 
   
 
 

 

Según comenté en mi anterior artículo sobre la aprobación del presupuesto de egresos de la federación (PEF) 2016, en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 13 de noviembre, el monto total del anexo de ampliaciones de cultura pasó de 2,111 millones de pesos (mdp) en el año 2015 a 2,054 para el 2016.

 

Por otra parte, también di cuenta de que en el 2016 desaparece el denominado Fondo Cultura, que en el PEF 2015 había sido por un monto de 2,237 mdp.

 

Es decir, que entre el PEF 2015 y el PEF 2016 los proyectos estatales, municipales y

no gubernamentales de cultura vieron disminuido el monto del financiamiento federal en aproximadamente 2,293 mdp, que equivalen a una reducción del 11% de un año a otro.

 

Cabe recordar que esa disminución de recursos no afectó a las instituciones coordinadas por el Conaculta, que en conjunto disminuyeron únicamente 24 mdp respecto del total otorgado en el PEF 2015. 

 

Incluso, una vez que el PEF 2016 sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, podremos constatar que dicha cantidad global se verá ampliamente compensada con los 489 millones que los diputados le asignaron a Conaculta, como parte del anexo de ampliaciones de cultura.

 

Lo anterior, sin demérito de precisar que instituciones como el INAH, el CCC, Educal, Canal 22, Imcine y Radio Educación sí vieron disminuido su presupuesto en rangos que van del 2% al 14.9%, lo cual deberá de ser atendido a lo largo del año y en el próximo proceso de aprobación del PEF.

 

Salvo esa precisión, podemos afirmar entonces que el PEF cultura 2016 de las instituciones coordinadas por el Conaculta es muy parecido al que contaban al momento en que se presentó la iniciativa de creación de la Secretaría de Cultura; de donde en términos estrictamente presupuestales no se ve comprometida la creación de esa nueva dependencia.

 

En consecuencia, la siguiente pregunta que debemos formularnos es ¿Cómo se ven entonces afectados los estados y los municipios con esa disminución en el monto de etiquetados y la desaparición del fondo de cultura?

 

A primera vista pereciera que una disminución de 2,293 mdp equivaldría a una reducción promedio de un poco más de 72 mdp por entidad federativa. Sin embargo, por las proporciones en las que se distribuyeron los recursos de un año a otro, en el anexo de etiquetado, el impacto promedio a proyectos estatales y municipales es de 77.5 mdp por cada uno de los estados de la República. 

 

Si además sumamos el impacto que tiene la disminución en el rubro de los proyectos no gubernamentales, el impacto promedio por estado alcanza los 86.9 mdp.

 

Destaco que estamos hablando de un promedio, pues el grado de afectación real a cada una de las entidades de la República varía conforme a los proyectos específicos que les hayan sido aprobados en el 2016, respecto del histórico de otros años. Nuestro grupo de trabajo ya está analizando algunos casos específicos que nos fueron solicitados.

 

Pero ¿De dónde sale esa diferencia de casi 87 mdp por estado?

 

Veamos la tabla 1 

 

Para darnos una idea mucho más clara de qué tanto representa esa disminución de recursos destinados a cultura, para cada una de las entidades de la República, he construido el cuadro 1, en el que se anota el presupuesto que se otorga a la institución de cultura en diversos estados. La elección estuvo un tanto determinada por la posibilidad de contar con la información correspondiente a través de la página www del respectivo Congreso local:

 

Tomando como referencia ésta tabla de asignaciones presupuestales, es evidente que los 86.9 mdp de presupuesto federal con que dejarán de contar los estados de la República, sí tendrán un peso relativo importante en todos los casos y, muy en especial, para los estados pequeños como Tlaxcala o Colima, cuyo gasto operativo (fuera de salarios, servicios y consumibles) ha dependido en mucho de los recursos federales de reasignación.

 

UNA REACCION EN CADENA

 

Una de las primeras reacciones que vamos a comenzar a ver, muy al inicio del 2016, es que las instituciones municipales de cultura y las organizaciones no gubernamentales acudirán ante la institución estatal de cultura a solicitar aquellos fondos que no obtuvieron por la vía del PEF cultura 2016.

 

En el caso de los municipios, los recursos disminuidos equivalen a 482 proyectos de infraestructura, por un total de 1,540 mdp, pues en lo que respecta a etiquetados hubo un pequeño incremento de 72 mdp.

 

En el caso de los proyectos no gubernamentales, la demanda a las instituciones estatales de cultura (primero) y al Conaculta (después), alcanza, al menos, los 295 mdp, que equivalen a un promedio de 90 proyectos.

 

Lo anterior, sin contar con que las propias instituciones estatales de cultura partirán de una diferencia de 323 mdp por etiquetados, equivalente a 59 proyectos; más 697 mdp, equivalentes a un promedio de 93 proyectos de infraestructura. 

 

No está de más señalar también que si bien los etiquetados beneficiaron a 20 estados en el 2015, en el PEF 2016 los recursos (107 mdp) solamente alcanzaron para 8 estados. Es decir, 24 estados no contaron con apoyo etiquetado para proyecto alguno.

 

En ese escenario, las instituciones estatales y municipales de cultura deberán de acudir lo antes posible ante las comisiones de cultura de sus congresos locales, para sensibilizarlos sobre el tema y promover que una parte de dicha diferencia sea compensada a través de la reasignación de recursos estatales.

 

UN PROBLEMA SOCIAL Y DE GOBERNANZA

 

Dependiendo del monto de recursos que cada una de las instituciones estatales y municipales de cultura logre gestionar en éste nuevo contexto, lo que seguirá a continuación será la reducción o cancelación de actividades.

 

Es indudable que la reducción del gasto operativo pondrá en jaque numerosas plazas temporales y contratos por honorarios destinados a la producción de eventos y, también, al seguimiento y comprobación del gasto.

 

Particularmente me preocupan dos temas:

 

El cese o la notable disminución de las actividades de mantenimiento y conservación de infraestructura cultural. Especialmente de aquella del ámbito municipal, pues en la biblioteca, la plaza pública, el auditorio municipal o en la casa de cultura es en donde suceden gran parte de las actividades artísticas y culturales más significantes para las localidades. 

 

Las carencias en infraestructura municipal tienen efectos directos sobre las posibilidades reales de acceso de la población a lo cultural. Y no me refiero con ello solamente a las actividades artísticas recreativas, sino principalmente a espacios para la apropiación de códigos, símbolos y significados de identidad compartida, lugares donde se practica el diálogo y el acuerdo, ámbitos de expresión y socialización; en fin, medios para la convivencia y la invención de formas pacíficas de resolución de las controversias.

 

La disminución o eliminación de las actividades tales como la presentación de grupos artísticos, payasos, grupos musicales, titiriteros y demás expresiones artísticas de ese tipo, especialmente en aquellas comunidades más alejadas de las cabeceras municipales.

 

Me preocupa esa posible situación en una doble vía. En primer lugar, porque en muchas ocasiones es la única actividad artística que recibe la comunidad, y su ausencia deja el espacio libre a expresiones recreativas que responden a intereses distintos a los de las políticas culturales.

 

En segundo lugar, porque la cancelación de esas actividades deja sin posibilidad de ingreso a numerosos grupos artísticos, talleristas y creadores que primordialmente trabajan en esos circuitos y que no tienen acceso a otras oportunidades de ingreso, ni de expresión. Más allá de la consideración estética, es un problema de gobernanza el dar a esas personas la posibilidad de un ingreso obtenido de manera digna.

 

¿Y LA SECRETARÍA DE CULTURA?

 

Por último, no debemos olvidar que ésta reducción presupuestal se da en el contexto de la creación de la Secretaría de Cultura.

 

En ese orden de ideas, el dictamen final que elabore el Honorable Congreso de la Unión debe partir de una elaboración conceptual que permita que los recursos escasos se apliquen en aquellas áreas del desarrollo cultural que sean prioritarias.

 

Para decirlo de manera sencilla, me parece que la prioridad del desarrollo cultural, en el siglo XXI, es dar a las personas la garantías, las habilidades y las capacidades para el pleno ejercicio de sus derechos culturales. 

 

No por una ambición estética, sino para permitirles que ejerzan el derecho humano fundamental de construir su manera de estar en el mundo, y brindarles tanto las herramientas como las oportunidades para que puedan ejercer tal decisión.

 

Estoy convencido que el desarrollo sostenible, es también un medio necesario para que las personas puedan ejercer a plenitud sus derechos culturales.

 

En consecuencia, las facultades y competencias de la Secretaría de Cultura deberán estar alineadas en torno a ese objetivo primordial.

 

Los recursos escasos destinados a la preservación y salvaguardia del patrimonio, la iniciación y la educación artística, la animación cultural, el fomento a la lectura y la capacitación para el uso de las nuevas tecnologías, la promoción de las industrias culturales; todo ello, deberá de estar orientado a ese fin.

 

Utópico, ciertamente, pero el mundo nos está demostrando que el siglo XXI sus luces y sus sombras, estará escritos en clave cultural. Allí está París para ejemplificarlo. Ojalá sepamos escuchar a tiempo.

 

 

 

 

Contacto: piedra.de.toque@live.com

 

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