Efectos colaterales de la incertidumbre legislativa cultural

J. Villaseñor Anaya
 
   
 
 

Fabrizio León: El candidato Manuel Clouthier en campaña en Veracuz (1988)


 

Este lunes 4 de abril de 2016 arrancaron los procesos electorales para la renovación de la titularidad del Ejecutivo estatal en 12 estados de la República Mexicana: Aguscalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Esto representa prácticamente un tercio de los estados y de la población del país (38 millones).

 

En todos y cada uno de los casos, la renovación del Ejecutivo estatal implica la obligación de elaborar un Plan Estatal de Desarrollo (PED), que regirá las acciones del Ejecutivo estatal a lo largo de todo el período para el cual fue electo. Es decir que salvo Puebla, que por ajustes electorales durará un poco más de dos años, los restantes PED estarán vigentes por seis años.

 

A partir de la creación de la Secretaría de Cultura Federal (diciembre 2015) y de un ramo administrativo específico dentro del presupuesto de egresos de la federación (PEF) 2017, es muy posible que esos doce PED incluyan un capítulo específico de política cultural y propongan la creación de la Secretaría de Cultura estatal. Recordemos que de esos 12 estados, solamente Oaxaca cuenta con una Secretaría de las Culturas y Artes.

 

Esa coyuntura política, que puede resultar muy favorable para catalizar una nueva institucionalidad cultural garantista de los derechos culturales y promotora del desarrollo sostenible, nos encuentra con una Secretaría de Cultura federal cuyas facultades vigentes son solamente aquellas que ya eran ejercidas por la Secretaría de Educación Pública, por conducto del Conaculta. Es decir, una política y una institucionalidad cultural que, hasta unos cuantos meses, estaba jurídica y administrativamente determinada por la racionalidad de medio a fin de la política educativa.

 

Ese alcance fundacional de la Secretaría de Cultura se justificó a partir de la necesidad de realizar una profunda revisión de la organización administrativa y los recursos humanos, presupuestales y materiales del sector cultura; y, en efecto, según ha expresado el titular de la Secretaría de Cultura en varias entrevistas de prensa, estamos a unas cuantas semanas de la expedición de un nuevo reglamento operativo de la Secretaría de Cultura, que organizará de manera más eficiente y eficaz la actual institucionalidad cultural.

 

¿Un paso indispensable? Si. Pero seguramente no se va a quedar allí, pues tenemos enfrente el presupuesto de egresos de la federación para el 2017, en el que la Secretaría de Cultura se conformará definitivamente como un ramo administrativo autónomo distinto del de la SEP; y, en el 2018, la necesidad de integrar a la cultura como un capítulo independiente dentro del plan nacional de desarrollo 2018-2024, con una racionalidad de medio a fin propia, donde deberá establecer claramente por qué y cómo contribuirá la cultura, al desarrollo sostenible de México, a lo largo de esos seis años. 

 

Es evidente que esa primera reestructuración integral del Sector Cultura federal tendrá efectos concéntricos hacia los estados y municipios de la República, quienes progresivamente ajustarán sus respectivas instituciones estatales y municipales de cultura, a esas finalidades y forma de organización que establezca el reglamento interior de la nueva dependencia federal.

 

Sin demérito de la importancia que tendrá esa primera sacudida institucional en el desarrollo cultural del país, no podemos olvidar que es solamente la primera etapa de un proceso mayor.

 

¿Cuál es ese proceso mayor? Simple y sencillamente el de diseñar e implementar una política cultural que tenga una racionalidad de medio a fin propia y distinta –que no quiere decir divergente- de la política educativa del Estado mexicano.

 

¿A qué me refiero específicamente con ello? Dicho de la manera más sencilla posible, se trata de que a través de las leyes y del gobierno, el Estado mexicano garantice los derechos culturales y propicie las condiciones para que las personas hagan un más pleno ejercicio de los mismos, posicionando a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo. 

 

Otra manera de enfocarlo, con base en los instrumentos internacionales que México ha suscrito, es la de hacer de la cultura una promotora y conductora de los objetivos y las metas de la agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, para lo cual resulta imprescindible atender las disposiciones de las convenciones Unesco; y, en el ámbito regional, los principios, objetivos y metas de la Carta Cultural Iberoamericana.

 

Lamentablemente, una limitación importante en ese sentido es la de que aún no ha sido posible, para el Legislativo federal, concretar la legislación reglamentaria del artículo 4to Constitucional, en materia acceso a la cultura y el pleno ejercicio de sus derechos culturales. Y aunque existen numerosas iniciativas al respecto y fuentes generalmente bien informadas anuncian que habrá cuando menos otras dos, la realidad es que la gran mayoría de las iniciativas actualmente existentes han sido construidas con base en la gama de derechos culturales que se refieren a las facultades que la Secretaría de Educación Pública ejercía en materia cultura – especialmente en todo lo relativo al patrimonio y las artes— y en muy poco consideran la necesaria reglamentación de los derechos culturales que tienen que ver con otros campos de la vida social, como podrían ser los sectores económico, de comunicaciones o del desarrollo social, por mencionar solamente algunos de ellos. Es más, en ninguna de las propuestas que se han dado a conocer se habla, por ejemplo, de los mecanismos para la procuración de la defensa de los derechos culturales. 

 

Y con base en eso, queda más claro que el atraso en definir la reglamentación del artículo 4to Constitucional, no solo tendrá efectos directos en la necesaria revisión y reordenación de las facultades con que originalmente se creó la Secretaría de Cultura federal, rumbo al PEF 2017 y del Plan Nacional de Desarrollo 2108-2024, sino que puede dar lugar a que los planes estatales de desarrollo y las nuevas secretarias de Cultura de aquellos estados en los que habrá elecciones éste año, repliquen un modelo de desarrollo cultural que está en pleno proceso de reordenación y que todavía no es suficiente para que los mexicanos puedan insertarse más equitativamente en las sociedades del conocimiento y nuestros valores culturales se sumen a la construcción de un desarrollo sostenible.

 

En ese orden de ideas, me parece que será muy útil que el Legislativo federal inicie el análisis de las iniciativas pendientes de dictamen, precisamente a la luz de garantizar el acceso a la cultura y el más pleno ejercicio de los derechos culturales, fortaleciendo especialmente aquellos que –conforme a la agenda 2030 y otros documentos internacionales- mayor impacto tienen en el logro del desarrollo sostenible. 

 

No sólo es una cuestión de hacer de la cultura el cuarto pilar del desarrollo, para cumplir un compromiso internacional, sino, primordialmente, porque es una manera de sumarnos al consenso de 193 países que reconocen en el ejercicio de los derechos culturales una vía para darle sostenibilidad al desarrollo y, a través de ello, crear nuevas oportunidades de supervivencia para la especie humana.

 

 

 

 

contacto: piedra.de.toque@live.com

 

Regresar al inicio de esta página


Diseño y desarrollo: Iomedia