Desconoce el Estado cómo proteger
el patrimonio cultural inmaterial

José Luis Puga Sánchez
 
   
 
 
Presentación del libro sobre patrimonio intangible

 

¡El Estado mexicano no sabe cómo salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de este país! Desde hace más de diez años lo intenta… pero no puede.

 

La valoración es tajante y proviene de alguien avezado en procesos de protección de expresiones culturales: Hilario Topete, quien es director del Archivo de la Palabra de la Escuela Nacional de Antropología.

 

Su veredicto fue emitido en el acto de presentación del libro “Comunidades en movimiento. Aproximaciones a la expresión inmaterial del patrimonio cultural”, concretado el mes reciente en el Museo de la Memoria de Tlaxcala, cuyos presentadores fueron Armando Chacha Antele, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura; Carlos Villaseñor Anaya, director de la organización Interactividad Cultural y Desarrollo y un representante de la Secretaría de Turismo local.

 

Hilario Topete llegó con la comitiva de dos de la Secretaría de Cultura y no lo sentaron en la mesa de presentación, pero sí usó el micrófono y sus intervenciones fueron precisas y agudas.

 

Y a la pregunta del público en cuanto al real acompañamiento y soporte de investigadores a las declaratorias de salvaguarda gubernamental al patrimonio cultural, Topete quitó vendas: Las preocupaciones que se están expresando –dijo- tienen mucho que ver con los propósitos de productos como este que se está presentando el día de hoy (el libro “Comunidades en movimiento…”), hacen posible que diferentes actores de la cultura, investigadores, académicos, gestores, confluyan en un espacio para dar respuesta, anticipada en unas ocasiones, tardía en la mayor parte de las veces, a estas preguntas y a estas inquietudes.

 

Y se debe –punzó- a que hasta este momento no han existido ni las directrices, en ocasiones ni siquiera el interés por generar políticas públicas y políticas académicas desde los investigadores, para generar la posibilidad de reconocimiento y de fortalecimiento de los procesos de salvaguarda que ya se dan dentro de las localidades.

 

“El proceso de patrimonialización está en marcha. El problema que tenemos en este momento es que el Estado mexicano se ha comprometido desde el 2005 a intervenir en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y no sabe cómo hacerlo… ¡No sabe cómo hacerlo!”.

 

Entonces -explicó el proceso- requiere justamente de múltiples voces para que esto pueda ser fácilmente conocible, reconocible, orientable y demás. Los académicos tienen también una gran responsabilidad en estos eventos y de estos pueden salir nuevamente directrices

 

Por otra parte, reconoció que la mayor parte de las declaratorias que se han hecho “carecen del acompañamiento de investigadores, carecen de la iniciativa desde las propias localidades. Es el gran problema que tenemos”.

 

Y extiende sus meditaciones: Se cree que la patrimonialización y la declaratoria deberían de venir de arriba hacia abajo, cuando tendrían que, o eludirse, porque no se necesitan en ocasiones, o en el mejor de todos los casos tendrían que surgir desde abajo.

 

Pero en cualquiera de las dos vías –advierte Topete- siempre hay un riesgo: si no hay una política pública que garantice que la gente controle de pe a pa el patrimonio cultural inmaterial que tiene en sus manos, que vive, produce y reproduce, no sirven para nada las declaratorias.

 

Es el momento –convocó- de pensar en estos espacios en los cuales los que dirigen el estado, los que legislan, los investigadores, se sienten, dialoguen y sobre esa base empezar a generar instrumentos con los cuales el propio Estado vaya dando respuesta para convertirse, quizá, en un guardia, no en un guardante, que son dos cosas diferentes.

 

Es decir: alguien que va a ir acompañando, pero que no puede hacer casi nada por el patrimonio cultural inmaterial porque él ni lo produce, ni lo reproduce, ni lo está poniendo en valor en la cotidianeidad, sino simplemente utiliza instrumentos jurídicos para decir: pero ahí está y yo lo reconozco.

 

Y su posición fue apuntalada por Armando Chacha, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, quien descubrió a los asistentes el ejemplo de un proceso de declaración patrimonial que marchó en sentido inverso a los esquemas oficiales:

 

Hace alrededor de tres o cuatro años se presentó una iniciativa del gobierno del estado de Veracruz para impulsar la inscripción del son jarocho en la Unesco.

 

Fue todo un debate –relató Chacha- donde convocaron a un grupo de gente inmersa en el tema, si bien sin formación profesional sí acuciosa e informada sobre la historia, los factores asociados a esta tradición. Gente de la misma comunidad: músicos, creadores… y se opusieron a que se hiciera esa inscripción. Ellos dijeron: no queremos que se inscriba el son jarocho en las listas de la Unesco.

 

Y dieron sus argumentos: no queremos que se defina un plan que oriente el desarrollo que deben definir los mismos creadores y la misma gente que estamos haciendo el son jarocho; no queremos ser objeto de políticas que nos pongan en escenarios que no pretendemos, sino el curso de la tradición la deben definir quienes la están haciendo, la han heredado, la están transformando, la están innovando, la están desarrollando y le están dando continuidad.

 

Y ahí se paró la iniciativa.

 

Es una experiencia muy conveniente para analizar, reflexionó.

 

Ya antes Carlos Villaseñor había aclarado algunas incertidumbres elementales: El patrimonio cultural inmaterial, de acuerdo a la convención de Naciones Unidas, son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos y artefactos culturales que le son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural inmaterial.

 

Es decir –abundó- la decisión, la valoración del patrimonio queda en manos de los practicantes, queda en manos de los portadores… y esto tiene una profunda razón de fondo: hemos visto como estas políticas de fomento, o de reconocimiento, o las declaratorias si bien generan un prestigio también generan una especie de condicionamiento. Es desde afuera que se dice qué es cultura, qué es patrimonio, qué son bellas artes. Y recordemos que en este proceso de decir qué es bellas artes han quedado fuera muchas expresiones artísticas que no son valorizadas y que quedan condenadas al olvido.

 

El reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial a cargo de las comunidades restituye a ellas, a la manera de lo que Bonfil diría, la libertad para decidir sobre sus procesos de desarrollo cultural, para que sean las comunidades quienes decidan qué es cultura para ellos, cómo se reformula, cómo evoluciona, qué sentido va a tomar.

 

Por tanto, en materia de política pública no va a ser responsabilidad del Estado que eso se salvaguarde o no, sino generar las condiciones para que las comunidades tomen en sus manos la responsabilidad de su patrimonio, decidan hacia dónde va a ir y decidan qué es lo que los representa.

 

Y esto, a juicio de Villaseñor Anaya, es un cambio de política pública fundamental porque no sólo tiene que ver con lo cultural, sino con el pleno ejercicio de un derecho humano: el derecho a participar en la vida cultural. Y por ser un derecho humano no sólo es responsabilidad de la federación, sino es responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno la construcción, los acuerdos, los consensos para el desarrollo de las políticas públicas en materia de fomento a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.

 

El libro “Comunidades en movimiento. Aproximaciones a la expresión inmaterial del patrimonio cultural” justamente porta una visión poliédrica de varios investigadores en torno al tema, cuya presentación distrajo a un importante número de interesados que abarrotaron el Museo de la Memoria.

 

 

 

 

 

contacto: piedra.de.toque@live.com

 

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