Desperdicia Cultura conversatorio para revisar políticas sectoriales

Despiadadamente desaprovechada fue la oportunidad para difundir, estudiar y fortalecer la iniciativa de ley de derechos culturales para el estado de Tlaxcala, actualmente en su fase legislativa en el Congreso local. ¿Desconocimiento? ¿Desinterés? El hecho es que a lo largo de las 3 horas que duró el conversatorio sobre la construcción de políticas culturales, convocado por el Laboratorio de Creación e Innovación Artística de la Secretaría de Cultura local y desarrollado en el mismo Palacio de Cultura, se desplegó sin concretar nada, sin abordar temas vigentes… sin incidencia real inmediata… cuando los tiempos de construcción política corren presurosos, frente al horizonte cada vez más inmediato del fin de sexenio… y el adiós…

La convocatoria fue para hablar de la construcción de políticas culturales innovadoras, pero el conversatorio desnudó desinformación, contradicciones y lo mucho que falta por andar aun en el sector cultural para diseñar y operar políticas públicas enfocadas a todas las áreas.

El encuentro dejó en claro, nítidamente, el desconocimiento unánime y total, en agentes culturales y funcionarios presentes, de la existencia de una iniciativa de ley de derechos culturales para el estado de Tlaxcala, proceso legislativo iniciado dos años atrás, cuyos avances solo a cuentagotas han sido conocidos, pero a iniciativa de la administración anterior de la secretaría, pues la actual nada ha dicho, hecho confirmado en el propio conversatorio, pues la directora del laboratorio, Jacqueline España, en ningún momento del encuentro hizo mínima referencia a la iniciativa legislativa, pese a las muchas alusiones de los participantes a la importancia de contar con leyes y reglamentos adecuados. Al parecer, esta segunda administración en cultura está dejando morir la iniciativa ya en poder del Congreso, pese a subrayar, como innumerables veces sucedió en el conversatorio, la importancia de los ordenamientos legales.

Contradicciones profundas también hubo, como aquella cuando la responsable de la oficina de atención a la diversidad sexual blandió una respuesta para quienes le han pedido información fría y estadística sobre las poblaciones LGBTIQ+. Dijo que la Secretaría de Cultura no tiene capacidad para generar este tipo de información. Con ello, la funcionaria aceptó tácitamente que en el gobierno del estado la transversalidad no existe, que las dependencias, cuando menos las del sector cultural, no tienen posibilidad de contacto con las dependencias del sector de seguridad, que no hay objeticos comunes, por muy alejados que parezcan los campos de trabajo.

O aquella otra contradicción, cuando Eduardo Ojeda y Natalia Zamudio hablaron de la urgencia de adoptar políticas realmente sociales, comunitarias, que el Estado vea por todos los sectores y todos los grupos, para después ambos exponer públicamente su rechazo a abrir convocatorias para constituir consejos consultivos en cultura plenamente abiertos, bajo el argumento que abrirlos completamente, según su experiencia, provocaría caos y muy pocas propuestas. Los dos se pronunciaron por integrar consejos consultivos con miembros seleccionados previamente, pero no dijeron nada sobre quién palomearía, probablemente la propia Secretaría de Cultura, bajo sus propios intereses.

Y otra interrogante aún más profunda: ¿por qué la Secretaría de Cultura se enfoca a la creación de políticas públicas y da pasos hacia la captación de sugerencias y propuestas sociales, comunitarias o individuales, a un año real del fin de su gestión? Este necesario proceso de acercamiento y contacto social debió ocurrir al inicio del periodo, ya sea en la constitución de la Secretaría de Cultura y/o en el cambio de titular año y medio atrás, no ahora cuando resta un año efectivo de administración.

Pero necesario es justificar la presencia y el flujo de recursos…

EL CONVERSATORIO

En primer término, la titular del Laboratorio de Creación e Innovación Artística, Jacqueline España, marcó las directrices del encuentro: Las políticas culturales –dijo- son las herramientas que permiten orientar las acciones públicas para fortalecer la creación. En Tlaxcala, con una riqueza cultural profundamente arraigada a sus comunidades, tradiciones y prácticas culturales, es fundamental abrir estos espacios de diálogo entre artistas, gestores, académicos e instituciones para reflexionar sobre cómo construir estas políticas culturales. Este conversatorio tiene como objetivo escuchar estas distintas perspectivas del sector cultural y generar preguntas que nos ayuden a pensar en el desarrollo cultural del estado. 

Cinco fueron los convocados para participar en el intercambio de ideas: Natalia Zamudio Ortuño, Adil Aranzubia Juárez, Eduardo Ojeda Mejía, Saúl Molina Mata y Gerardo Daniel Padilla. La conducción del foro corrió a cargo de Jacqueline España, titular del Laboratorio de Creación e Innovación Artística. La intervención fue individual y sin segunda vuelta.

Eduardo Ojeda Mejía es tlaxcalteca y se ha desarrollado profesionalmente en cine, radio, televisión, manejo editorial, gestión cultural y crítica de arte, investigación académica y también se ha desarrollado como agente capacitador en el sector público y privado. Cuenta con el certificado internacional Proton Erasmus, debido a proyectos comunitarios en países como Alemania y Francia. Ha formado parte de residencias artísticas y trabajado en proyectos culturales como Original, Encuentro de Arte Textil Mexicano en 2024, que realiza la Secretaría de Cultura federal en el complejo cultural Los Pinos.

La carátula de su presentación PowerPoint fue lacónica y punzante: “En Tlaxcala no hay políticas culturales”.

Todavía con la sangre en las manos, buscó identificar términos. Las políticas públicas –aclaró- priorizan grupos vulnerables garantizando acceso equitativo y programas culturales y participación activa. “Es decir, las políticas públicas tienen una función interseccional, algo que nunca hay que olvidar”. Interseccional, a su vez, significa enfocarnos a varios grupos vulnerables, como la comunidad LGBTQ+, las comunidades originarias y, en específico, las comunidades originarias de nuestro estado.

Identificó dos etnias en Tlaxcala: náhuatl y otomí. Sin embargo, otros estudios indican presencia de olmecas y zapotecas, “por la conexión que tenemos con Veracruz”. En su listado no figuraron ni totonacas ni acolhuas, asentados en Calpulalpan.

Identificó también “fortalezas” en Tlaxcala: la equidad cultural, reconocimiento y promoción de la diversidad cultural. Situó desafíos en el proceso de inclusión: las barreras estructurales y la falta de recursos, la dificultad de la integración plena en las comunidades indígenas y rurales, los desafíos en la equidad cultural que ejemplificó en la persistencia de las brechas sociales, la desigualdad en el acceso a oportunidades culturales.

La política pública –definió- es “una decisión o acción que toma el gobierno para resolver un problema colectivo, es decir, una respuesta oficial a necesidades de la población. Pueden ser leyes, programas, campañas o incluso servicios. Lo importante es que buscan mejorar las condiciones de vida de todos”. Y lo ejemplificó con los programas Sembrando Vida, Seguro Popular, Bienestar, estrategia nacional de vacunación Covid 19, Mi beca para empezar y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En cultura, dijo que las políticas públicas pueden alentar la creación de programas, la planificación de talleres, que haya presupuestos más visibles y más fijos para la profesionalización constante, tanto para los funcionarios de gobierno, como en temas de arte, como también para las comunidades que se dedican a la cultura. Una inversión mucho más clara en festivales y eventos. “Me parece que, en Tlaxcala, a nivel gobierno, solo tenemos el Festival Internacional de Títeres. Pero ¿Cómo se ha mantenido? ¿Y por qué no ha habido otros festivales?, para eso son las políticas públicas”.

Ojeda regresó a su ensayo para señalar la desigualdad en el acceso a la cultura, baja promoción y retos de preservación que “limitan el disfrute cultural, especialmente fuera de las zonas urbanas”. Fustigó la centralidad, cuestionó el flujo de recursos, la programación de eventos y la capacitación en los “centros culturales municipales o a las cabezas de los ayuntamientos”. Recalcó la insuficiente infraestructura cultural en comunidades rurales y menor participación en actividades artísticas

Y, para subsanar tales circunstancias, lanzó su descubrimiento: “la triada ideal”. Esto es, el trabajo institucional cultural coordinado entre las secretarías estatales Turismo, Cultura y Bienestar, cada una “aportando sus recursos, programas y enfoques”. Además, en caso de fomentar el arte y otras áreas culturales en temas de cultura, de paz y combate a la violencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana “debe de formar parte de estas actividades con promoción de proyectos sociales, educativos, culturales”.

Y sustentó su propuesta con datos: en 2025 el presupuesto anual de la Secretaría de Cultura fue de 61.8 millones de pesos, Turismo ejerció 74.6 millones de pesos, en tanto que la Secretaría del Bienestar tuvo 519 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió mil 58 millones de pesos. “¿Cómo se está distribuyendo el dinero, por qué estamos viviendo en carencia, por qué solo estamos teniendo dos camionetas? No lo sé.

Prosiguió su cirugía: se destinaron 2.4 millones a estímulos en creación literaria, en creación artística en general, pero el año pasado solo se entregaron 27 estímulos, lo cual da un total de un millón 350 mil pesos. “¿Dónde queda el otro millón restante?”. No de detuvo: La Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal tuvo mil 050… mil 20 millones que, se dice, se destinó a capacitaciones y profesionalización. “Yo he estado en los Ceresos y me dicen que las capacitaciones son muy bajas. Se los dejo de tarea”. Llamó, entonces, a tejer alianzas y estrategias interinstitucionales, pero también con ONG’s, la iniciativa privada, los bancos…

Su “triada”, particularmente el binomio cultura y turismo, no mencionó que ha sido muy cuestionada públicamente, puesto que cuando la cultura ha sido sectorizada al turismo, la voz y necesidades de los visitantes tienen mucho peso en las políticas de gobierno, aun sobre la valoración concretamente cultural.

El antídoto ha sido alejar a la cultura del turismo y acercarla a la Secretaría de Educación Pública, donde el peso específico de la cultura puede ser ampliamente valorado en la formación y capacitación estudiantil en todos los niveles.

La segunda participación en el conversatorio correspondió a Saúl Molina Mata, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y maestro en administración gerencial por la Universidad Benito Juárez del Estado de Puebla, con especialización en diseño de políticas públicas. Ha trabajado como asesor y consultor en administración pública y capacitación política, además de haber sido servidor público en los tres niveles de gobierno. Actualmente es director estatal de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas.

De entrada, subrayó la evolución de las políticas culturales al transitar de un enfoque tradicional, a un enfoque basado en derechos culturales, donde se plantea que todas las personas tienen derecho no sólo a acceder a la cultura, sino también a crearla, a compartirla y participar activamente en la vida cultural de sus comunidades, descentralizándola. Así, la creación de la cultura no es responsabilidad exclusiva de las instituciones, sino también de la interacción entre los diversos actores que conforman un ecosistema cultural; esto es, una red dinámica interrelacionada de actores sociales, institucionales, arenas de poder o espacios de interacción que coexisten, colaboran, coproducen y difunden la cultura en una comunidad.

Trabajar una política pública no significa –dijo- establecer las directrices desde el gobierno. Hoy, para poder formular una política pública se tiene que cumplir con dos grandes requisitos: innovadora e inteligente. 

Y Molina salió al paso de otro gran mito: Por años se ha confundido a las políticas públicas con políticas de gobierno. Las políticas de gobierno –aclaró- son lanzadas por el propio gobierno pensando que eso es lo que necesitamos como población objetivo, en este caso la comunidad cultural, y se lanzan con presupuestos recortados o disminuidos cada día más, sin entender ni escuchar precisamente a los actores. Las políticas públicas se enfocan, en este caso, a escuchar todas las voces de los artesanos, de los gestores, de los creadores…

En el caso que efectivamente se escuche a las comunidades, sus vivencias, su cotidianidad, esa proximidad mostrará tradiciones, expresiones artísticas, artesanías, patrimonio histórico… “un acervo cultural extraordinario”. Se visualiza que la política pública no surja de la federación hacia las comunidades, sino que las políticas públicas nazcan de las comunidades, suban a las regiones, a las entidades y a la federación. Si no hay articulación no hay políticas públicas. Puede haber programas gubernamentales,

políticas gubernamentales, pero no políticas públicas. Si no hay participación de las comunidades, no tienes políticas públicas, si no hay participación y punto de vista, inclusive de particulares como empresarios, no hay políticas públicas. El enfoque no puede ser unilateral del gobierno, tiene que ser, en este caso, trilateral: gobierno, sociedad y empresarios, que son los que le tienen que entrar cuando el gobierno solo no puede.

En este punto Molina Mata desagregó al sector empresarial del sector social, porque “son quienes entran cuando el gobierno no puede”. ¿Significa entonces que el sector empresarial no es parte social? ¿Significa entonces que los intereses empresariales son distintos a los intereses sociales?

Otro desafío –prosiguió- es integrar de manera más efectiva a los artesanos y creadores tradicionales en las cadenas de valor de economías creativas, “algo que está muy limitado”.

La innovación cultural dijo que no debe entenderse solamente como el uso de nuevas tecnologías. Innovar culturalmente también implica reinterpretar la tradición, generar nuevos vínculos entre cultura y comunidad, estrictamente necesario, y construir modelos de gestión cultural más colaborativos. En Tlaxcala necesitamos fortalecer esta red dinámica, pero de manera horizontal, no vertical.

Antropóloga social egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), maestrante en pedagogía del sujeto y práctica educativa por la UCIREF, Natalia Zamudio Ortuño es especialista en soberanías alimentarias y gestión de incidencia local; se desempeña como “ecofeminista”, promotora biocultural comunitaria y tallerista en temas de agroecología, plantas medicinales y alternativas ecológicas para la salud y el cuidado personal.

De entrada, solicitó a los presentes pensar estas políticas públicas, “o estas propuestas”, desde la descolonización, “porque mucho de esto ha surgido ignorando nuestras políticas culturales o esta cultura mesoamericana, este pasado prehispánico que pronto ha sido borrado y justo las culturas originarias han sido focos de esta memoria”.

Entonces, ver estas políticas culturales desde los saberes tradicionales, con una perspectiva de género incluyente, también pensada desde los derechos humanos, como es el derecho a la cultura, desde el derecho al disfrute, desde el derecho al ocio, “no como algo allá lejos, que está en el teatro, que está en los foros, que está en los auditorios, sino que desde la cultura comunitaria participativa”.

Reprochó que en muchos municipios la responsabilidad de cultura esté supeditada a la oficina del deporte o a la de turismo, y “el encargado de deporte o turismo tome las decisiones de cultura”. Expresó, entonces, su apoyo a la triada propuesta por Ojeda: Cultura, Turismo y Bienestar.

Resaltó el establecimiento institucional de la red de “puntos culturales” en el estado, que –dijo- van a ser como espacios de confluencia para apoyar todo tipo de manifestación cultural en estos municipios y alrededores. “Ya están pasando cosas que nos están llevando como hacia la generación de estas políticas públicas en materia de cultura, pero no nos estamos apropiando de ellas, no nos estamos enterando de lo que está pasando”.

Se manifestó a favor de la creación de un consejo estatal que estudie políticas públicas y normatividad cultural de otros estados, un supuesto “proceso de creación de una iniciativa de ley de cultura para el estado de Tlaxcala”, lo que le sirvió para cuestionar, cómo no, tratándose de un conversatorio sobre políticas culturales, la ausencia o no invitación a la Comisión de Cultura del Congreso local, cuyo representante, y eso no lo sabía Natalia, podría haber enterado a los presentes sobre el estado de la iniciativa de ley de derechos culturales para el estado de Tlaxcala, ya con dos años en proceso, cuya existencia parece desconocer la totalidad de los asistentes, incluyendo los trabajadores de la Secretaría de Cultura presentes, pues no dijeron absolutamente nada al respecto.

Lanzó un vehemente llamado a aplicar un “enfoque biocultural”, porque “así entenderemos que hablamos de diversidad cultural, hablamos de lenguas, hablamos de saberes en entornos donde hay una rica biodiversidad que está viva”. Recalcó que así las políticas públicas deben proteger tanto el patrimonio material, como los paisajes culturales y los ecosistemas que lo sustentan. Las prácticas tradicionales y el conocimiento ancestral es lo que sostiene este ecosistema y esta biodiversidad.

Natalia Zamudio finalizó su intervención al subrayar la importancia de fortalecer la formación de audiencias culturales comunitarias, “porque de pronto está muy enfocado a la generación de eventos y de programación, pero los públicos ¿dónde están?, las audiencias ¿qué están haciendo? o ¿por qué no estamos trabajando en la formación de estas audiencias?, para que los públicos justo puedan tener acceso a esto y no sólo lo vean allá como muy lejos”. Más que llenar espacios –arengó-, queremos generar o detonar procesos de transformación desde la comunidad, para pasar de ser sólo espectadores o gestores o creadores, a ser creadores y gestores de esta cultura.

Cerró su micrófono e, intempestivamente y sin decir agua va, el director de cultura del ayuntamiento de Terrenate, entre el público, tomó la palabra. Dijo que en Tlaxcala hay un observatorio en turismo, ¡pero no funciona! Debiera haber un observatorio cultural, propuso.

Recalcó la gran desarticulación entre municipios, que “es una parte de las políticas que debería generar la Secretaría de Cultura. Por ejemplo, pregunto: en ‘Tlaxcala lee a las mujeres’, por qué se escogen determinados municipios y otros no, cuando se supone que se habla de diversidad y de igualdad”.

Encarrilado ya, el funcionario municipal cuestionó incluso el lugar de realización del conversatorio mismo, pues “los conversatorios no son para que salgan en el espacio cultural porque eso les compete nada más a los académicos, a la gente que nos enfocamos al tema de la cultura, pero estamos dejando afuera a la sociedad (…). Tenemos que hacer redes comunitarias para escuchar a la gente, porque hemos creído que la cultura es esa parte elevada que solo corresponde a las élites. Eso es una mentira. La cultura la hacemos todos. La cultura empieza desde las cocineras tradicionales. Hay que distinguir el tema, por ejemplo, de la artesanía. Creer que la Secretaría de Cultura va a hacer la cultura, es mentira. La Secretaría de Cultura administra los temas culturales y el 70 por ciento del presupuesto se va a la burocracia, eso afecta a los municipios, por eso es que no puede haber esa actividad cultural”. 

Somos –restregó a todos- un ente que pelea con los presidentes municipales para poder venir a una reunión, para poder generar una actividad que a nadie le importa más que al director de Cultura. A quien debe importar es a la ciudadanía, a la sociedad. Yo propongo que vayan al municipio, que hagamos esta parte de hacerlo abierto, porque está muy bien la idea. “Nos invitaron a una reunión a la Secretaría de Cultura hace aproximadamente un mes y medio y cuando íbamos a alzar la mano, todo el mundo se salió atrás de la secretaria. No nos escuchan, no sabía que había un tema de innovación dentro de la secretaría…

– Sí nos presentamos así, intervino Jacqueline España.

– Sí, pero no nos escucharon, refutó el funcionario municipal.

Y España entonces cortó de tajo la participación del funcionario claridoso e incómodo. Aseguró que la oficina de innovación hizo llegar las invitaciones para el conversatorio a todas las presidencias municipales y a sus respectivos directores de cultura “y los que les interesa también están en este momento aquí”. Reconoció así, ante 15 o 20 asistentes de todo tipo, el escaso poder de convocatoria registrado.

Adil Aranzubia Juárez Angulo es responsable de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, desde donde maneja proyectos culturales y comunitarios enfocados a la reducción de desigualdades, la prevención de violencias y la construcción de espacios seguros para poblaciones de la diversidad sexual y de género.

Y Aranzubia habló de diversidad sexual y la inclusión de poblaciones que “históricamente han sido invisibilizadas, discriminadas, excluidas y que todavía hoy en día se encuentran en desventaja”. Por ello, clamó por herramientas políticas y legislativas que integren tanto la dimensión cultural como la social.

Priorizó entonces contar con diagnósticos, pues con gran frecuencia se les piden datos duros sobre las poblaciones LGBTIQ+, “desafortunadamente, y no tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con que esta oficina está situada desde la cultura, o sea, está situada dentro de la Secretaría de Cultura, y esos datos duros no los podemos extraer sobre violencia, discriminación y otros procesos que están viviendo las poblaciones. No es tan fácil obtener las estadísticas… somos administrativas”.

La población LGBTIQ+ es una población que está precarizada y “tiene muchas desventajas que posiblemente no le permitan acceder a la cultura a partir de las siete de la noche. Va ser muy complicado que nuestra población asista a una actividad cultural a cualquier hora del día, porque una parte es cuidadora, están cuidando a sus madres, a sus padres, pero también están trabajando. Hemos descubierto que están en las artesanías, que son artistas, pero por estas brechas de desigualdad, no se pueden dedicar de lleno a la cultura y al arte. Tienen que generar otra serie de actividades a lo largo de su vida”. 

Ante este panorama, subrayó la importancia de generar diagnósticos, estudios y espacios desde el diálogo, de una manera no invasiva con una población que históricamente ha sido maltratada. “Hoy hacemos algo que se llama ‘el chismógrafo’, porque necesitamos saber dónde se encuentra nuestra población, qué está haciendo, si tiene acceso a la cultura, si hay un espacio cultural cerca de ellas, ellos, elles, si tienen acceso y disposición o si tienen la manera de llegar a las actividades culturales o de prevención de salud. Y para realizar actividades con población LGBTIQ+, es fundamental contar con espacios seguros, protegidos contra personas homofóbicas que no lleguen a gritarles, a interrumpir, porque incluso en los espacios culturales virtuales ha ocurrido”.

Puso sobre la mesa el trabajo de su oficina para combatir la criminalización de una persona por cualquier enfermedad transmisible o contagiosa. “No es solo el VIH, en algún momento inició por la sífilis. Ahora, tenemos otra iniciativa que tiene que ver con este cambio de las palabras o los términos preferencia sexual por orientación sexual”.

Desde el enfoque de los derechos humanos, desde la inclusión, convocó a hablar de la cultura de paz, la cultura de la no violencia. Y “en materia de diversidad sexual, en Tlaxcala estamos iniciando”. Por ello, propuso establecer políticas públicas focalizadas en el desarrollo libre de la personalidad, en cuanto a salud, en cuanto a vivienda, en cuanto a una serie de derechos que tendrá que recuperar la población LGBTIQ+.

Hay ya en el estado el reconocimiento legar de la identidad de género, el matrimonio igualitario “y párenle de contar”

Finalmente abogó por la continuidad de la oficina a su cargo y por la profundización de las políticas y los servicios oficiales para la comunidad diversa

El último participante en el encuentro fue Gerardo Daniel Padilla, tapatío consultor en gobernanza y derechos culturales, integrante de Bissap Lap. Ha orientado diversos ejercicios de planeación participativa para gobiernos locales, nacionales y órganos legislativos en Latinoamérica. Es integrante de la red de investigadores parlamentarios en línea y de la red temática Conacyt, de gobernanza metropolitana. Colaborador continuo de la oficina de la Unesco en México, del programa Cibercultura Viva y de la Comisión de Cultura de la CGLU.

Inicio su participación con un raudo sobrevuelo histórico. Habló del periodo posrevolucionario, de José Vasconcelos y las misiones culturales, de la creación de las casas de cultura y de la red nacional de bibliotecas públicas, de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de la problematización del modelo de los derechos culturales a partir de la constitución de la Secretaría de Cultura. México ganó con pensar y fortalecer mucho sus políticas de acceso a la cultura, perspectiva tan grande que quedó en la constitución política en el apartado de los derechos humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales guardan, ahora, la misma jerarquía.

El problema estriba, a su juicio, en que ¿quién decide a qué tienes acceso?, ¿El Estado?, porque entonces eso implica una mirada vertical, y qué es lo que se privilegia como acceso, pues a la perspectiva que ya está institucionalizada, por lo tanto, un apoyo muy importante a políticas de patrimonio, a la mirada de las bellas artes, dejando fuera, quizá, procesos subalternos de diversidad cultural, de innovación cultural.

Para resolver esta situación Gerardo propone dar la vuelta a la perspectiva del acceso y poner al centro otra perspectiva, en términos de derechos culturales y también dependiendo del texto que se privilegie leer, porque está el pacto internacional que es vinculante, pero también hay algunas recomendaciones del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también están las convenciones de la Unesco, también los derechos culturales de los que habla el artículo 11 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que son 10 derechos, el artículo 4º constitucional, en fin, la declaración de Friburgo, hay un montón de derechos culturales. En 1995, Unesco hizo un ejercicio de sistematización e identificó cerca de 100 derechos culturales en el mundo,

los derechos culturales –explicó- tienen, al menos, tres dimensiones: acceso, contribución y participación, referida como participación a la vida cultural de las comunidades.

La propuesta que Gerardo respalda es activar políticas culturales a partir de las otras dos dimensiones: contribución y participación, porque la mirada de la contribución logra dejar de pensar en audiencias y en públicos pasivos para pensar en co-creadores, en protagonistas. La contribución pone allí el acento. La participación pone en el centro a las personas, a las comunidades.

Con base en su experiencia, Gerardo Daniel Padilla mostró una serie de puntos sobre “lo que las políticas culturales no son”. “Se hizo una sistematización, un ejercicio de trabajo colectivo con algunos compañeros de América Latina para pensar en algo así como un top de ideas recurrentes de diseñadores de política cultural que las y los agentes culturales solemos ver y siempre son como erradas. Son errores persistentes que todavía hoy se mantienen, falaces. Parece que están resolviendo cosas y, al contrario, muy posiblemente están problematizando más que otra cosa y son vigentes, están allí, todavía siguen sucediendo”.

Persistencias:

La cultura tiene un carácter secundario y para poder atender lo cultural, es necesario primero satisfacer otros asuntos o elementos vitales

Error es pensar que la función del Estado es producir, programar y liderar una agenda de eventos y actividades culturales, más allá de proveer condiciones y posibilidades para que los particulares lideren su propia actividad cultural.

Garantizar derechos culturales no es de ninguna secretaría, garantizar derechos culturales es responsabilidad del Estado.

La premisa de desarrollo sostenible es indiscutible porque viene del contexto internacional y de Naciones Unidas, como si no hubiera otras miradas de pensar el desarrollo, que contengan lo cultural y no estrictamente lo económico, lo medioambiental y lo social. 

Que la industria creativa es el único vértice que encuentra lo económico y lo cultural.

Que el folclor como política de Estado no se encuentra atravesado por ningún tipo de connotación colonialista, racista, extractivista o clasista. “Mucho cuidado con las políticas de folclor en ese sentido, porque luego terminan folclorizando a los creadores, folclorizar a los hacedores”. Deben permear las costumbres, las tradiciones y el relativismo cultural por encima de los derechos humanos.

Que la concursabilidad es un equivalente o representa mejoras sobre la condición laboral del artista; es decir, que el Estado programe recursos, saque la convocatoria, concursen y el que gane… eso no implica mejora de la condición laboral del artista. El error es pensar que la concursabilidad, que las políticas de concurso, de bolsas concursables, es lo único que hay para democratizar el presupuesto de la cultura.

Error es pensar que corresponde al Estado sostener y regular un discurso estético, institucionalizar qué es la alta cultura, qué es la cultura de masas, qué el modelo de evaluación cultural, de las políticas culturales, es por indicadores igual a número de personas asistentes, cantidad de artistas atendidos.

Hay discursos encontrados, hay comunidades artísticas que piensan que los derechos culturales son derechos de los artistas, de los creadores, de los científicos y de los… No, los derechos culturales son de las personas.

La cultura no es materia de tribunales, por lo tanto, quien quiera puede vulnerar derechos culturales. Pues no, la cultura también es materia de cortes, también es materia de justicia y como cualquier otro derecho, tiene procesos de justiciabilidad. Si se vulnera el derecho de acceso a la información, el acceso a la vivienda, el derecho de acceso al agua, de acceso a la educación, allí se encuentran consecuencias. Pues también, si se vulneran los derechos culturales, como cualquier otro derecho humano, se pueden encontrar consecuencias que llegan a la judicialización.

Una última pregunta, formulada ya en el guion preconcebido:

¿Cómo se pueden construir políticas culturales que generen procesos sostenibles a largo plazo?

La contestación de Adil Aranzubia fue el desarrollo de marcos normativos, lineamientos y protocolos que den sustento a las acciones, particularmente en temas como la inclusión, la no discriminación y el reconocimiento de la diversidad, justo porque esto se puede prestar a interpretaciones, ejemplo, las faltas a la moral. “Necesitamos generar mecanismos de participación activa de las poblaciones”.

Otro punto que calificó como central tiene que ver con la transversalidad. Es decir, que la diversidad no se aborde como tema aislado, sino como un eje que atraviesa la planeación, la programación y la evaluación de las políticas públicas culturales.

De igual forma, la sostenibilidad implica contar con continuidad presupuestal, seguimiento y evaluación, que permitan consolidar los procesos más allá de los periodos administrativos.

Se pronunció por iniciar la conformación del consejo propuesto. “Qué tan positivo puede ser que este consejo tenga tanta diversidad, porque a lo mejor eso puede complejizar todo, pero tenemos que hacer el intento”.

Saúl Molina Mata fue claro al fijar sus premisas ante el cuestionamiento: No imponer, hacer comprender la importancia en la cultura. Una de las primeras acciones es hacer diagnósticos, aterrizarlos en las comunidades, colonias, secciones. Planeación a largo plazo, continuidad y sostenibilidad.

Lacónico, urgió la aplicación de evaluaciones. “Cada proyecto y cada programa que nosotros observemos, necesitamos evaluarlos, medir sus impactos, la incidencia de nuestras acciones en la sociedad, es fundamental”.

Gerardo Padilla contestó directo: Descentralizar. Se problematizó –explicó- la idea de la descentralización, de lo que está fuera del centro, porque desempodera a las comunidades que no están en el centro. “Entonces, se colocaba por allí la idea de más bien pensar en otras centralidades o de la relevancia de los otros centros. Claro, no son las ciudades capitales y demás, pero son otros centros, porque suceden cosas igual de importantes e igual de sustantivas de las que seguramente ocurren en los centros. Por lo tanto, no es que debe mirar a la descentralización, sino a empoderar los otros centros que tenemos”.

Lo siguiente es mirar marcos internacionales, o de otras ciudades, o de buenas prácticas, o de otras experiencias que puedan ayudarnos a inspirar

Citó ejemplo: este 2026 se cumplen 20 años de Agenda 21 de la Cultura de la Unesco, un marco de indicadores culturales para ciudades, que tiene nueve ámbitos de acción: patrimonio, espacio público, comunidades, paz, medio ambiente, más recientemente han incluido la dimensión de la inteligencia artificial y que justo pueden revisarse, no para seguir al pie de la letra, sino para tropicalizarse y hacer la mejor posibilidad situada, aplicada y micro situada.

Está la Carta de Derechos Culturales de San Luis Potosí, está el proyecto constitucional de la carta de derechos económicos, sociales y culturales de Coahuila, Puebla acaba de estrenar su carta de derechos culturales, está la estrategia de derechos culturales de Guadalajara, está la Ley de Derechos Culturales para los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México…

Su postrera recomendación es seguir la ruta planteada por Natalia en su primera intervención minutos antes: una ley de cultura para Tlaxcala a partir de un consejo.

El cierre de la jornada programada correspondió a Eduardo Ojeda, quien citó la urgencia de los diagnósticos, pidió tarjetas de presentación de los funcionarios de la Secretaría de Cultura, de quienes recriminó su inasistencia el conversatorio, se pronunció por hacer permanente el directorio de agentes culturales abierto

Reveló que en 2025, con el acompañamiento de Gerardo Padilla, se hizo un mapeo de zonas vulnerables, “justamente la parte norte, que estaba vacía, no había redes” y con esa base “empezar a generar estas políticas basadas en una metodología que implique una dirección y no se desvirtúe de esta dirección”.

Expresó su desacuerdo con la propuesta de un consejo, “porque al haber tantas voces puede entrar mucho caos. Ya se intentó hace siete años con el programa de cultura comunitaria, se intentó hacer este consejo y la gente nada más iba en queja, queja, queja, pero tampoco había una propuesta”. Su rechazo al consejo lo sustituyó con la constitución de una mesa de trabajo “de ciudadanas y ciudadanos basados en el directorio” actualmente en construcción.

Recordó también el foro en Tlaxcala con Susana Harp, como parte de la campaña de Claudia Sheinbaum para la presidencia, donde “tampoco se llegó a algo”, foro que, sin embargo, no estaba previsto para “llegar a algo” en Tlaxcala, pues el objetivo del foro, como sucedió con los similares realizados en las distintas regiones del país, fue solo recabar propuestas para la elaboración posterior del plan de gobierno en materia cultural en el eventual triunfo, en ese momento, de Claudia Sheinbaum.

En rápidas y contadas intervenciones del público presente, la activista Verónica González Sartillo señaló que desde el 2008 había una propuesta para trabajar temas de cultura con medio ambiente, lo que sumó a los expresado por Natalia Zamudio sobre bioculturalidad. “Da la casualidad que, si no se ha podido hacer a partir del convenio que se tenía desde el 2019 Secretaría de Cultura con Semarnat, dudo mucho que se pueda hacer algo en una triada. En ese marco internacional de la Agenda 20-30, quedan pocos años para hacer realmente algo, sobre todo en patrimonio biocultural”.

Acusó que “hay muchos que están diciendo que se trabaja en la protección del patrimonio biocultural, pero en realidad no es cierto. Se ha puesto como una etiqueta, un sello que en realidad no está cumpliendo todos los estudios de bioculturalidad que se necesitan para efectivamente revertir ciertas actividades que tienen que ver incluso con el turismo”. Hace falta acercarnos a las instituciones adecuadas, resaltó.

Jaqueline España respaldó la idea y resaltó la urgencia de implementar el diplomado de patrimonio biocultural, con participación de todos los directores de cultura de los ayuntamientos

Fabiola Camarillo, exdirectora de cultura y turismo del municipio de Apizaco en el periodo 2018-2021, así como académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, habló de la importancia de crear manuales de operación en las áreas municipales de cultura que contengan responsabilidades, actividades, etc., “porque justo desde ahí partimos”, para a partir de ahí basarse en una metodología. Habló también de la importancia del consejo consultivo y su representatividad por cada área cultural: artesanal, comunidad LGBTT, etc. Además -dijo-, la base está ya definida: la Ley de Planeación Federal, lineamiento, de observación obligada para todo gobierno.

El director de difusión y cultura de San Pablo del Monte convocó a realizar conversatorios similares, pero con presencia de las máximas autoridades en cada ayuntamiento, pues “nosotros tenemos que batallar, haciendo peticiones, sugerencias de eventos o dinámicas culturales y muchas veces no es prioridad”.

Fin de evento, se apagó la cámara y los micrófonos… Y nadie habló de la iniciativa de ley de derechos culturales para el estado de Tlaxcala… Murió así una muy valiosa oportunidad para retomar, pulir e impulsar ese ordenamiento crucial para la entidad, ante el desconocimiento de varios y la indolencia de algunos presentes.