Carlos J. Villaseñor Anaya
I. Antecedentes. Contexto de la situación
El término “industria cultural” surge en 1947 con la publicación del artículo “La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas”, de theodor Adorno y Max Horkheimer; y el concepto de industrias creativas se utiliza por primera vez en el proyecto “Creative nation”, de Australia, de 1994. no obstante, no es hasta principios de la primera década del siglo XXI, coincidiendo con la aparición del libro de J. Howkins “La economía creativa: transformar una idea en beneficios”, que crece exponencialmente una nueva vertiente de atención sobre la muy añeja relación entre economía y cultura.
Una referencia previa que no debemos perder de vista es la contenida en la declaración de México sobre políticas culturales (1982). En ella se destaca que “los avances tecnológicos de los últimos años han dado lugar a la expansión de las industrias culturales. Tales industrias, cualquiera que sea su organización, juegan un papel importante en la difusión de bienes culturales. en sus actividades internacionales, sin embargo, ignoran muchas veces los valores tradicionales de la sociedad y suscitan expectativas y aspiraciones que no responden a las necesidades efectivas de su desarrollo. Por otra parte, la ausencia de industrias culturales nacionales, sobre todo en los países en vías de desarrollo, puede ser fuente de dependencia cultural y origen de alienación”. Este mensaje de México es pertinente para la gran mayoría de los países iberoamericanos, pero sobre todo para aquellos cuya densidad cultural y débil gobierno cultural los hacen particularmente vulnerables a la generación de dependencias y la alienación culturales.
En el ámbito iberoamericano, cabe destacar la influencia que han tenido en el desarrollo de la conceptualización de las industrias culturales y creativas, autores como Jesús Martín-Barbero (“De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía”), Néstor García Canclini y Carlos Moneta (“Las industrias culturales en la integración latinoamericana”), George Yúdice (“El recurso de la cultura”), Ernesto Piedras Feria (“¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México”), Germán Rey (“Industrias culturales, creatividad y desarrollo”), y Felipe Buitrago e Iván Duque (“La economía naranja, una oportunidad infinita”), por citar solamente algunos de los más relevantes.
También, desde el ámbito iberoamericano, a partir de 1999 el convenio Andrés Bello comienza a dedicar esfuerzos para conocer qué cantidad económica aportan las industrias culturales a las economías de la región. en una primera etapa de diseño de las investigaciones, el proyecto economía y cultura del CAB organizó los seminarios “La tercera cara de la moneda” (2001) y “La cultura como factor de desarrollo e integración regional” (2002). Sobre esa base y con la colaboración de algunos de los investigadores que habían participado en ese primer esfuerzo del CAB, se producen los primeros trabajos del consejo nacional de la cultura y las artes de chile para la creación de la cuenta satélite de la cultura (2003), que servirá de modelo inspirador para futuros desarrollos de cuenta satélite en otros países de la región, entre ellos, México (2014).
En el ámbito específico de las políticas públicas sobre industrias culturales en México, un primer antecedente local lo encontramos en el seminario “Industrias culturales y desarrollo sustentable”, organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en la ciudad de México, entre el 1 y 2 de abril de 2004. En las propuestas, sintetizadas por Lucina Jiménez López, en calidad de redactora, ya apuntaba una necesidad que aún hoy me parece vigente y prioritaria: impulsar estrategias y políticas en torno a las industrias culturales basadas en la transversalidad sectorial e institucional y la creación de sinergias entre los sectores de finanzas, hacienda, comercio, medio ambiente, turismo, comunicaciones, educación, cultura, etc., así como entre instituciones, empresas y el tercer sector.
De estos años datan también las primeras incursiones institucionales de México en la realización de encuestas y estudios, tales como el atlas de infraestructura y patrimonio cultural de México (2003) y la encuesta nacional de prácticas y consumo culturales (2004). En 2004 se publica “¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor (IPDA)”, de Ernesto Piedras Feria, que es el primero en México que, desde la ciencia económica, señalaba lo que esas industrias concretas aportaban un porcentaje muy relevante (6.7 por ciento) al Producto Interior Bruto del país. El texto de Ernesto marca un hito, ya que la cifra aportada por el estudio resultó un dato sólido, contundente y pertinente para que los integrantes de la recientemente creada comisión de cultura de la conferencia de gobernadores (Conago), argumentara ante la comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados, la conveniencia de dotar de mayor presupuesto federal al sector cultural. También, fue un argumento sumamente útil para que las instituciones estatales de cultura le plantearan al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), la necesidad de una mayor descentralización de los recursos presupuestales y de las facultades para su administración.
En ese contexto no puedo dejar de mencionar que, si bien el dato obtenido por Ernesto Piedras se refería solamente a las industrias protegidas por el derecho de autor, fue convenencieramente apropiado como si la suma resultante fuera la aportación que hacía toda la cultura al PIB nacional. Es decir, sutilmente se fue generando la falsa noción de que esa cantidad era resultado directo e inmediato de la actividad cultural de los artistas, intérpretes y ejecutantes, etc., de donde un mayor apoyo de los presupuestos a la expresión artística y la salvaguarda del patrimonio cultural (las dos vertientes articuladoras de la política cultural de México), se traduciría directa, inmediata e inevitablemente en el incremento de la aportación de la cultura al PIB; y que además, se le sumó aquello de que también se estaría contribuyendo a la generación de una mayor cohesión social y la reducción de los índices de violencia, de manera prácticamente automática e inevitable.
Si bien es cierto que esa particular forma de interpretación propició que nuevos actores de la vida política y económica del país mostraran un nuevo interés al sector cultura, también es cierto que con el tiempo –junto con otras aportaciones conceptuales, como la de la economía naranja– esa noción ha venido incrementando la presión para reorientar las políticas culturales hacia el fomento de aquellas actividades que mejores perspectivas tengan de producir rendimientos económicos, y para que los actores culturales se presenten bajo la lógica del emprendimiento cultural, en detrimento de los recursos destinados a las actividades características del sector y del desarrollo cultural en general.
En el ámbito federal, el tema de fomento a las industrias culturales y creativas ha sido retomado, tanto el programa nacional de cultura (2006-2012), como el programa especial de cultura y arte (2014-2018). La realidad es que no se tradujeron sino en muy escasas políticas, acciones y actividades de fomento y apoyo a la producción y circulación de expresiones escénicas, la creación con nuevas tecnologías, las industrias culturales (cine, libro y música) e industrias creativas (principalmente la audiovisual); muchas de las acciones han sido efectivamente implementadas a través de otras dependencias distintas de la Secretaría de Cultura, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, esta última, a través de ProMexico, que es el organismo especializado en el fomento a las exportaciones.
Desde Conaculta (1988-2015), que entonces era el organismo federal responsable de coordinar las políticas culturales, la iniciativa más relevante de fomento a las ICC fue la lanzada en 2013, en forma conjunta con Nacional Financiera, bajo la denominación de “Programa nacional de fomento y estímulo a las industrias creativas y a las empresas culturales”. A pesar de las altas expectativas generadas en el sector, el programa resultó un fracaso, puesto que, además de ser canalizado a través de la banca comercial, exigía requisitos y garantías prácticamente idénticos a los de cualquier otro crédito bancario, con una tasa de interés muy poco competitiva (12 por ciento anual). En paralelo, a través de la dirección de capacitación de Conaculta, se ofrecieron talleres de formación básica en emprendimiento cultural, cuyos resultados fueron muy endebles.
No obstante la escasa actividad en el ámbito federal, Marissa Reyes Godínez en su texto “Economía y cultura en México. Apuntes de una agenda en construcción”, nos señala numerosas iniciativas de fomento a las ICC que han surgido en diversos estados de la República Mexicana, como lo son en Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Veracruz; algunas de las cuales cumplen ya más de 10 años.
Por ejemplo, desde 2007 la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México crea la subdirección de empresas culturales, que desarrolla actividades de formación y quizá lo más importante es que esa instancia ha sido el puente para la vinculación horizontal interinstitucional, sirve de enlace para los emprendedores culturales con acciones de fomento y apoyo que se ofertan desde otras dependencias, distintas a la de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. También en la Ciudad de México, con el apoyo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde 2013 se lleva a cabo el foro de economía y cultura, cuya edición más reciente se llevó a cabo en septiembre de 2017.
Otros ejemplos son el programa de apoyo a las industrias culturales y creativas, que ha venido implementando el Instituto Veracruzano de Cultura desde 2012; los foros de industrias creativas celebrados en Ensenada (2015) y Tijuana (2016), ambas ciudades de Baja California; los trabajos que desarrolló el municipio de Puebla para lograr su designación por la Unesco como ciudad creativa del diseño (2015) y la realización del Festival Puebla ciudad creativa en 2016; y, por último, la creación de la dirección de industrias culturales y creativas de la Secretaría de Cultura de Jalisco (2013), que es, de entre las instituciones federales y estatales de cultura, la más consistente área de fomento y apoyo a las ICC que existe. Desde esa dirección, se han desarrollado tres líneas de trabajo: capacitación, vinculación interinstitucional y una tercera consistente en apoyo con capital semilla a industrias creativas. Los resultados de las tres vertientes de acción son expuestos y analizados anualmente en el congreso internacional de industrias culturales y creativas, cuya tercera edición se realizó en octubre del 2017, en Guadalajara, Jalisco.
Resulta oportuno mencionar que en alrededor de diez estados de la república se imparten ya estudios de grado y postgrado en gestión cultural, entre cuyas materias hay muchas que se refieren a temas de cultura y economía. En México no existe todavía un curso de grado o de postgrado enteramente centrado en las ICC. el esfuerzo más relevante que existe en ese sentido es el impulsado, desde 2003, por el grupo de reflexión sobre economía y cultura (Grecu) de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es coordinado por Eduardo Cruz Vázquez.