El patrimonio nacional: valores, usos, estudios y difusión

Enrique Florescano

La idea del patrimonio nacional y los programas encaminados a su protección, estudio y difusión, han estado relacionados al menos con cuatro factores cambiantes y complejos que a continuación se exponen conforme a su importancia.

Uno. Cada época rescata de manera distinta su pasado y realiza una selección de los bienes que posee, en un proceso continuo de identificación del patrimonio y de reconocimiento contemporáneo de los valores del pasado.

Dos. La selección y el rescate de los bienes patrimoniales se realiza de acuerdo con los particulares valores de los grupos sociales dominantes, que por fuerza resultan restrictivos y exclusivos. Aun cuando un Estado con un proyecto nacionalista emprende la tarea de proteger su patrimonio, la configuración “nacional” de éste casi nunca coincide con la verdadera nación sino con los propios intereses de ese Estado. Véase, por ejemplo, en el caso de los Estados hispanoamericanos, la marginación que padecen los grupos étnicos precisamente porque sus tradiciones difieren de los criterios dominantes.

Tres. El punto de partida del Estado nacional para definir el patrimonio es la distinción entre lo universal y lo particular, o “idiosincrásico”. A través de la historia se ha visto que el surgimiento de Estados con proyecto político nacionalista, determinó la identidad con cierto tipo de patrimonio al que se le confirió el rango de exclusivo. Durante el siglo XIX la aparición en Europa de una corriente romántica que se propuso desentrañar la esencia del carácter nacional en las manifestaciones populares (la música, la literatura, las expresiones artísticas y el folclor) vino a ser el estímulo más poderoso para adoptar esos valores y difundirlos como la auténtica alma de los nuevos Estados.

En Hispanoamérica, la independencia política de España y el reconocimiento de valores históricos nacionales sustentaron las primeras políticas de recuperación y valoración de los bienes de la nación. En términos generales, puede decirse que desde entonces los Estados nacionales establecieron el ámbito geográfico, el contexto social, el proyecto histórico y la decisión política para definir una identidad nacional, fundada en el reconocimiento de los valores y tradiciones generados por los distintos grupos sociales.

El desarrollo de esta corriente nacionalista en el siglo XIX opuso una barrera a la hegemonía de los valores occidentales y al etno centrismo que sólo reconocían las propias tradiciones culturales. En la arena política, los Estados nacionales que se desarrollaron en los siglos XIX y XX se opusieron al dominio ideológico ejercido por las metrópolis de Occidente; sentaron las bases para el reconocimiento de sus propias tradiciones –de la localidad, la región o el territorio nacional–, utilizando criterios puestos en práctica por ellos mismos: idearon y pusieron en marcha programas de recuperación de la memoria histórica y el patrimonio nacional, y fundaron las primeras instituciones dedicadas a reconstruir la identidad nacional.

Con todo, los Estados nacionales reprodujeron en sus países los mecanismos de dominación propios del etnocentrismo occidental, como se advierte en el tratamiento que dieron a los distintos grupos étnicos, sociales y culturales que los conformaban. De modo que el nacionalismo también actuó como un operativo ideológico dedicado a borrar las diferencias internas y las contradicciones forjadas por las luchas entre sus distintos actores sociales. Este proyecto ideológico se propuso también disminuir las diferencias económicas y culturales que se manifestaban en la propia población. Se afirmó entonces un proyecto integrador, sustentado en el Estado nacional, que elaboró símbolos, imágenes y patrimonios centralistas con el fin de avasallar las tradiciones rurales y regionales, las comunidades indígenas y otros sectores no reconocidos como expresiones de lo nacional. Así, en el caso de México, aunque el Estado ha propiciado la idea de que la historia nacional está formada por distintas etapas (prehispánica, virreinal, republicana y contemporánea), se advierte que esta reconstrucción ha obedecido más al interés político de integrar al Estado que a las características de esos periodos históricos innegablemente distintos.

Todo lo anterior muestra que el patrimonio nacional no es un hecho dado, una entidad existente en sí misma, sino una construcción histórica, producto de un proceso en el que participan los intereses de las distintas clases que conforman a la nación.

Una de las mayores hazañas del Estado surgido de la Revolución de 1910 fue haber creado una noción de la identidad y el patrimonio nacionales e inducir su aceptación a la mayoría de la población. Luego del movimiento revolucionario de 1910, se aceptó que tanto el pasado prehispánico como las tradiciones rurales y las clases populares representaban los valores auténticamente nacionales. Este reconocimiento llevó a elaborar una legislación protectora de los bienes heredados, a fundar instituciones dedicadas a su rescate y conservación, y a formar a los técnicos y estudiosos en cargados de la valoración y engrandecimiento de este patrimonio. Las secretarías de Patrimonio Nacional, de Educación, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y, recientemente, del Medio Ambiente y Ecología; las distintas declaratorias de nacionalización y expropiación; la fundación de empresas como Petróleos Mexicanos y la Compañía de Luz y Fuerza son ejemplos de esa corriente nacionalista y revolucionaria que transformó al país y lo dotó de un aparato institucional dedicado a la protección del patrimonio de los mexicanos. Podría decirse entonces que la viabilidad del país como Estado nacional se asentó en el reconocimiento de la identidad propia.

Entre los establecimientos culturales creados por el Estado nacional se destacan institutos nacionales como el de Antropología e Historia, el Indigenista y el de Bellas Artes; y, en estos últimos, los impresionantes conjuntos de museos, talleres, laboratorios, archivos, bibliotecas, fototecas, escuelas y centros de investigación y sus cuantiosos equipos de científicos, técnicos, conservadores y administradores. Puede entonces decirse que México fue el primer Estado nacional de Hispanoamérica que desarrolló una política de identidad cultural anclada en sus más remotos orígenes, y promovió una legislación avanzada para la protección del patrimonio de sus diferentes épocas históricas. Fue éste un programa dedicado al propósito de crear una cultura nacional reconocida dentro y fuera del país.

Cuatro. El patrimonio nacional, producto de un proceso histórico, es una realidad que se va conformando a partir del rejuego de los distintos intereses sociales y políticos de la nación, por lo que su uso también está determinado por los diferentes sectores que concurren en el seno de la sociedad. Por una parte, el Estado identificó y utilizó el patrimonio con el propósito de perfilar una identidad nacional uniforme, sin contradicciones ideológicas ni conflictos internos. Por otra, las sociedades también han echado mano del patrimonio de manera distinta en cada etapa de la historia y en cada sector social. Aun cuando se subraya el carácter nacional de algún tipo de patrimonio, de ciertas herencias culturales, o se habla de una identidad común a todos los mexicanos, es un hecho que estos conceptos carecen de tal dimensión y no incluyen todos los sectores, etnias y es tractos, como tampoco pueden comprender sus particulares expresiones culturales.

Estas cuatro determinantes en la creación del concepto de patrimonio, y en la definición de los programas dedicados a su preservación, conservan vigencia hoy en día. Pero, como es natural, las nuevas realidades históricas, las exigencias de distintos sectores sociales y los recientes desafíos para la conservación del patrimonio heredado han añadido elementos no considerados anteriormente. Asimismo, la incorporación de nuevos temas y el reclamo de enriquecer la herencia material e inmaterial han impuesto la necesidad de revisar los conceptos, los programas y la reglamentación del uso social del patrimonio. A continuación se consideran esas nuevas realidades, que han hecho evolucionar las concepciones tradicionales del patrimonio y que presentan nuevos retos teóricos, administrativos y políticos.

En primer lugar, desde el punto de vista conceptual, hoy nos enfrentamos a una redefinición de la idea de patrimonio, tanto en el terreno de los recursos naturales renovables y no renovables, como en el de la cultura y las artes, donde la vindicación de lo “intangible” se ha manifestado con mayor importancia. Lo que antes se consideraba casi exclusivamente como patrimonio nacional, esto es, el legado arqueológico, histórico y artístico de los grupos dominantes y de la alta cultura (templos, palacios, centros ceremoniales, objetos suntuarios), hoy ha sido notoriamente ampliado a fin de que comprenda las poblaciones de campesinos, la diversidad ecológica, las ciencias tradicionales, la cultura material, las tecnologías y las mentalidades populares. Pero la identificación de estos nuevos aspectos, o la inclusión de nuevas áreas en las políticas de protección –como la paleontología y la ecología–, no ha sido seguida por programas efectivos de protección de esos patrimonios. Se requiere que las instituciones de cultura entren en una nueva relación con las disciplinas dedicadas al estudio de los diversos patrimonios culturales y transmitan esos conocimientos a los sistemas de enseñanza y las prácticas de investigación, de modo que esas concepciones formen parte efectiva de la formación social de las nuevas generaciones.

En segundo lugar, el reciente desarrollo de la especulación inmobiliaria, las transformaciones del uso del suelo y los cambios introducidos por los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, han impuesto un cambio radical en el medio rural y las ciudades donde se ubican los varios tipos de patrimonio. Actualmente esos cambios en la posesión y el uso del territorio presentan diversos tipos de riesgos para la conservación del patrimonio, sobre todo el arqueológico, el monumental y el ecológico, y también para la producción y comercialización de los bienes culturales tradicionales. Esos riesgos han aumentado porque existe una separación entre las instituciones encargadas de su preservación y los agentes productores de esos cambios: las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, y los intereses económicos y comerciales particulares. Ante ello, resulta indispensable incluir a los agentes reales de la transformación social y patrimonial en los programas oficiales relativos al patrimonio. No hacerlo implicaría tanto la pérdida de gran parte de ese patrimonio directamente relacionado con la sociedad, y capaz de dar respuesta a las nuevas demandas del desarrollo social y económico. Esto es, el propio desarrollo social dejaría aún más rezagados a los organismos a cargo del patrimonio, colocaría a éste en un riesgo todavía mayor del que se encuentra en la actualidad, y se perderían los márgenes de acción, que ya son muy estrechos.

Las transformaciones políticas y sociales del país también obligan a considerar las funciones y competencias de las instituciones oficiales, que en su mayor parte fueron creadas durante uno de los momentos más agudos del centralismo y dotadas legalmente de atribuciones de carácter nacional. De manera general, se advierte que las actuales instituciones están poco dispuestas a cambiar o a promover programas efectivos de actualización; reaccionan con lentitud ante la necesidad de emprender los nuevos procesos de des centralización y se muestran contrarias a las propuestas de auto gestión de las comunidades y sectores sociales que demandan el manejo y el uso del patrimonio.

Es indiscutible la necesidad de una legislación. Una normatividad y una estrategia regidas por criterios generales y de aplicación nacional. Pero también debería promoverse la participación de los diversos sectores de la sociedad en la protección y manejo del patrimonio. En este caso, destacan principalmente quienes producen bienes culturales, viven en la proximidad de monumentos o reservas ecológicas, o han establecido vínculos de identidad con ese patrimonio y adquirido un compromiso moral de defensa y custodia del mismo. Para incorporar a estos sectores en los proyectos de protección del patrimonio se requiere un cambio en la organización de las instituciones centrales que dé respuesta a esas demandas y per mita conciliar los intereses generales con nuevas formas de administración y manejo del patrimonio local, regional o grupal.

El desarrollo reciente de la idea de patrimonio grupal, local y regional, el impulso que han experimentado algunos programas de descentralización y la afirmación de las nociones de autogestión y autonomía, muestran el despunte de una conciencia que rechaza los remanentes del centralismo. A corto y mediano plazos, estas tendencias tendrán que definir una nueva relación entre los patrimonios sectoriales y las instituciones centrales a cargo del patrimonio nacional.

Desde hace más de una década, los grupos antes marginados han reclamado una participación efectiva en la conservación y difusión de su patrimonio, y se han convertido en autogestores directos por medio de diversas actividades. Así ha sucedido en comunidades indígenas y campesinas, en pueblos y ciudades, en sectores urbanos y populares, que han reivindicado sus derechos en la utilización de un patrimonio sobre el que han cobrado conciencia y sentido de propiedad. También es creciente el interés de varios esta dos de la Federación por conservar y manejar el patrimonio regional, y el establecimiento de institutos, consejos y otros organismos estatales o descentralizados que tienen el propósito de intervenir en el rescate, el estudio y la difusión del patrimonio de sus localidades. Estas realidades institucionales y estas nuevas formas de participación de la sociedad han acelerado el proceso de des centralización y modificado la connotación del patrimonio nacional. A través de esas agrupaciones se han llegado a promover pro gramas innovadores que lograron fortalecer la infraestructura cultural de la región en varios campos, la formación de personal calificado, el desarrollo de nuevas actividades y de nuevas formas de di fusión que utilizan tanto el sistema educativo como la te le visión y la radio.

También se ha observado un cambio en las representaciones del patrimonio nacional en el plano simbólico. Aunque éstas siguen siendo manejadas de manera mayoritaria por el Estado y el sistema educativo, su promoción ha empezado a ser emprendida por agencias e intereses privados en los medios de comunicación electrónicos. Debe señalarse que mientras los medios de comunicación privados avanzan más en la transmisión de mensajes culturales propios, el sistema educativo y las instituciones de cultura marchan a la zaga, sin capacidad para crear programas de buena factura que den respuesta a los requerimientos del sistema educativo o a la exigencia de otorgarles una presencia fuerte a los valores culturales en la vida nacional. La reacción de quien escucha, observa o lee los mensajes culturales oficiales que hoy se difunden puede ser de rechazo, indiferencia o condena, pero rara vez una sensación de gozo, estímulo o gratificación.

Estos y otros cambios han propiciado la aparición de nuevas propuestas sociales. El rechazo a la noción de cultura nacional como concepto que se impone sobre los patrimonios locales, regionales, étnicos, populares o marginales se manifestó por primera vez en los círculos académicos y en voces críticas independientes. Pero no se ha convertido en una política de la cultura, a pesar de ser evidente que en la cultura mexicana se confrontan y dialogan diversas culturas, que a su vez tienen distintas formas de contacto con los mensajes culturales que provienen del exterior. Lo cierto es que ni las instituciones ni las asociaciones civiles han creado aún los espacios para que ese diálogo se encauce en formas innovadoras de organización de los grupos interesados en participar en el rescate y conservación del patrimonio nacional.

En distintas regiones y sectores sociales del país se escuchan voces que demandan mayor participación en la riqueza patrimonial.

Son voces que exigen autonomía e independencia frente al Estado. Con todo, no se conoce con precisión el funcionamiento de los proyectos que gozan de autonomía; y todavía no se genera una propuesta seria que delimite la participación del Estado y de las asociaciones civiles en la empresa de crear, acumular y difundir el patrimonio. Si bien es cierto que se han multiplicado las propuestas para incrementar la participación de los sectores sociales en el manejo patrimonial y en la producción de bienes culturales, hasta la fecha esas proposiciones carecen de una propuesta articulada en el nivel nacional y de una ex presión política que les dé la proyección adecuada.

A pesar de que en todas las regiones del país las prioridades son claras: creación y desarrollo de la infraestructura básica (talleres, escuelas, laboratorios, centros de experimentación y desarrollo, conservatorios, reservas naturales dotadas de centros de estudio, auditorios, instrumentos de trabajo, museos, bibliotecas, etcétera), la mayor parte del presupuesto destinado al patrimonio y a la cultura la absorben los salarios, las actividades públicas y los espectáculos llevados desde la capital de la República, además de otros gastos no prioritarios.

Quizá el sentimiento más generalizado entre los creadores, conservadores y usuarios de la cultura es que la producción de esos bienes no es una prioridad nacional, no está presente en los programas de desarrollo social que hoy se manejan, ni tiene un lugar importante en los planes de gobierno o en los programas de partidos. Ello es evidente en el presupuesto que se les asigna y el lugar que ocupa en el conjunto de satisfactores destinados a procurar el bienestar social.

La misma sensación se advierte en el escaso interés de las empresas privadas y los particulares en el financiamiento de la cultura, cuyos programas en su mayoría benefician a círculos muy restringidos y tienen una visión reducida de lo cultural –por lo común, meramente suntuaria y ornamental–. Esto es, tampoco los sectores sociales con capacidad financiera consideran la oferta de servicios culturales con un sentido de primera importancia, sino más bien con visos filantrópicos y de prestigio. En el conjunto de la sociedad nacional no se ha forjado una conciencia de la necesidad e importancia de la cultura.

Un cambio sustantivo en las instituciones que conservan el patrimonio nacional es el peso que hoy tienen en sus prioridades las actividades de inventario, seguridad, mantenimiento y conservación. En sus orígenes, estas instituciones se afanaron en ampliar sus presupuestos para disponer de instalaciones, personal básico y recursos para cumplir con sus funciones de recate, investigación y difusión del patrimonio nacional. Hoy, sin embargo, el crecimiento de los bienes patrimoniales y la multiplicación de los museos y de los costos de seguridad, mantenimiento y equipos de conservación, más los riesgos naturales que amenazan a ese patrimonio (temblores, inundaciones, incendios y otros accidentes), o sociales (robos, vandalismo), han convertido a esas actividades en asuntos prioritarios para los cuales se dispone de escasos recursos. En la actualidad, entre 80 y 90 por ciento del presupuesto de las instituciones encargadas de conservar el patrimonio es absorbido por los salarios y las obras de mantenimiento básico. El resto se utiliza en financiar los proyectos de investigación, rescate y conservación. Es pues claro que las nuevas demandas para la atención del patrimonio nacional implican un aumento significativo del presupuesto y un cambio en la utilización de los recursos.

Si no se emprende una reconsideración radical del presupuesto asignado al patrimonio, no será posible que las instituciones encargadas de ello puedan cumplir sus funciones en las mejores condiciones. Esto se resume en tres desafíos: 1) la necesidad de incrementar el presupuesto asignado; 2) la urgente creación de medidas fiscales y financieras para obtener más ingresos propios, y de un programa de mediano y largo plazos destinado a que las instituciones de cultura y los múltiples servicios que ofrecen perciban recursos directos con un sentido de autofinanciamiento; y 3) la necesidad de reorientar las áreas de investigación, conservación, administración y el sector jurídico al cumplimiento prioritario de los programas de inventario, seguridad y mantenimiento del patrimonio.

Un desafío interno que hasta la fecha no ha sido enfrentado por las instituciones es la elaboración del inventario de los bienes culturales a su cargo. Si no se conoce la cantidad de los bienes nacionales, sus características, ubicación y tratamiento que requieren, será muy difícil elaborar un programa general para su clasificación, mantenimiento, restauración y difusión.

En resumen, puede advertirse que la transformación del concepto de patrimonio nacional se ha manifestado en las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre el capital y la sociedad, y entre las instituciones oficiales y la sociedad. La sociedad mexicana ha cambiado y sigue cambiando rápidamente; también deben hacerlo, en grado y velocidad similares, las nociones heredadas del patrimonio, las instituciones y sus trabajadores.

Hoy existe un conjunto de instituciones que conservan, protegen y estudian el patrimonio creado por sucesivas generaciones de mexicanos. Cada una enfrenta el desafío de dar respuesta eficaz a los nuevos retos que hoy plantea la atención extensiva de ese patrimonio. Su problema no es hacer el diagnóstico de los riesgos que hoy lo amenazan, que en términos generales está bien precisado, sino encontrar la unión entre las funciones de las instituciones y el interés general de conjunto social que les dio vida y al que, en principio, están obligadas a servir por encima de los intereses gremiales o corporativos. Sin esta unión, que forzosamente tendrá que ser fruto del diálogo y el consenso, no se podrán definir los programas prioritarios que vinculen las capacidades institucionales con las demandas sociales para hacer efectivo el uso responsable de los bienes patrimoniales, que por principio son públicos y de interés colectivo. No puede olvidarse que para un sector cada vez más amplio de la población, las instituciones de cultura son unos aparatos anquilosados por una burocracia ineficiente, ensimismados en intereses gremiales, apartados de las nuevas necesidades sociales y culturales, convertidos más bien en centros conservadores que

en instituciones creativas.

Junto a estos desafíos institucionales están los que afectan directamente a las personas dedicadas a la cultura y a las artes. Frente a los peligros del dogmatismo y el sectarismo ideológico, y frente a los poderes del Estado o de los grupos de poder económico, el intelectual, el científico, el técnico, los artistas y los profesionales de la cultura tienen la obligación de reivindicar los principios básicos de sus disciplinas. En primer lugar, el ejercicio de la crítica, la práctica constante del análisis razonado más allá de la polarización ideológica. Antonio Gramsci apuntó lo siguiente en sus Cuadernos de la cárcel:

Comprender y evaluar de forma realista la posición y las razones del adversario […] significa exactamente liberarse de la posición de las ideologías […], es decir, colocarse ante ellas desde un punto de vista crítico, el único fecundo en la investigación científica.

En lugar de atizar el fuego del antagonismo, iluminar con la razón las posiciones contradictorias; en vez de caer en la seducción de las alternativas radicales, examinar y verificar las posiciones en pugna, a fin de recuperar la confianza en el diálogo y de restituir, junto con el derecho a la crítica, el respeto a la opinión ajena.

Uno de los valores más altos es la voluntad de comprender y de ayudar a comprender. Los instrumentos que han enriquecido la capacidad de comprensión, son resultado del ejercicio de la propia vida cultural y científica: inteligencia abierta, análisis riguroso, duda, tolerancia, discusión y diálogo. Éstas son las armas de la cultura contra la opinión sectaria, el fanatismo y la propaganda ideológica. No se puede abdicar de estos principios sin traicionar la propia inteligencia y los criterios básicos de la vida civilizada. Norberto Bobbio presenta como una regla general de conducta para las personas de cultura que su participación en la vida política o su abstención de ella, no ponga en riesgo la existencia de la vida cultural ni su adecuado desarrollo.

En este sentido, una política emprendida por la gente de cultura –en la amplitud del término– y dirigida a cumplir los propósitos y funciones de la cultura, debe estar construida sobre los principios y las instituciones estratégicas de la libertad. Bobbio puntualiza que una política de la cultura “debería ser en primer lugar una defensa y una promoción de las instituciones estratégicas de la libertad” (¹). La libertad de pensar, crear y actuar conforme a nuestras convicciones íntimas son libertades con quistada a través de luchas prolongadas que se deben convalidar en la sociedad contemporánea. Pero para establecer las condiciones de existencia que permitan a las personas de cultura no obedecer otra ley que no sea la íntima en su obra, y para garantizar la más amplia libertad de circulación de las obras y del pensamiento, sin que importe el origen racial o nacional de sus autores, su tendencia política o su creencia espiritual, también es preciso garantizar la existencia de las instituciones básicas de la libertad: el Estado de derecho, la división de poderes, los derechos del ciudadano, el sufragio universal, la libertad de oposición y la participación democrática.

El mismo Bobbio advierte que hoy sigue siendo necesario que el Estado, el partido o la clase social que ejerce el poder, no gobiernen de manera despótica y totalitaria, sino que aseguren al individuo una esfera amplia de actividades no controladas, no obsesivamente impuestas; que distinga una esfera de lo público y una esfera de lo privado; que el hombre no se resuelva sólo en el ciudadano; que lo que pueda someterse al Estado, como la búsqueda de la verdad y la conciencia moral, no se someta; que la virtud no se vea obligada a resplandecer, como ocurrió en tiempos del despotismo, en las acciones de los santos y de los héroes, sino que pueda brillar con luz menos intensa pero más constante en la práctica cotidiana de los ciudadanos que no tienen huesos de santos ni hígado de héroes; que la vida humana no esté estatizada, politizada o partidizada, ni sea un continuo desfile en la plaza pública, ni en un congreso permanente donde todas las palabras se graban y pasan a la historia, sino que tenga sus rincones muertos, sus pausas, sus días de vacaciones. A eso llamo doctrina liberal de la libertad.

Este conjunto de creencias y valores que han enriquecido al Estado democrático son los que deben ser transmitidos a las generaciones y los estados del futuro por medio de la cultura y bajo la responsabilidad de quienes se dedican a ella.

Las instituciones estratégicas de la libertad que consolidó el pensamiento liberal y luego el democrático, se enriquecieron con los principios libertarios del pensamiento marxista, que aportó la perspectiva histórica de las clases oprimidas y una nueva posición para considerar la desigualdad, la opresión y la explotación humana, individual o social. En esta trayectoria, nuestros países, las naciones con un pasado colonial, han contribuido también al ensanchamiento de la libertad y la dinámica civilizadora por medio de la cultura. El reconocimiento de las minorías étnicas y lingüísticas, la afirmación de la pluralidad cultural y de los valores propios de tradiciones no occidentales, la creación de métodos científicos para rescatar y valorar obras surgidas en contextos culturales diferentes, el desarrollo y ampliación de medidas originales para defender nuestro patrimonio y nuestras obras de cultura, y para definir identidades culturales propias, son logros de nuestras sociedades y se ganaron combatiendo ortodoxias, etnocentrismos y dogmatismos de carácter imperialista que intentaron avasallarnos.

No es posible olvidar esas experiencias. El trabajo por la cultura, además de conservar el amor por la investigación, la creatividad, la disposición al diálogo, el espíritu crítico y la mesura al emitir su juicio, debe esforzarse por transmitir a la realidad contemporánea los principios básicos de la libertad y la cultura.

(^[1]) Norberto Bobbio, Política e cultura, Einaudi, 1980.